PRESENTACIÓN
I
La presente publicación tiene por objeto ofrecer, en versión facsimilar captada de los originales oficiales, los más importantes textos normativos (leyes y reglamentos) promulgados por las instituciones centrales del Estado en España desde 1810 hasta 1978.
Una publicación tan singular requiere alguna justificación. Es un hecho notorio que lo que podríamos llamar la historia (normativa) del ordenamiento jurídico español es muy mal conocida. Textos legales o reglamentarios que en su día tuvieron una importancia capital, y que muchos juristas manejaban con habitualidad, yacen hoy en el más absoluto olvido. Probablemente se cuentan con los dedos de la mano los expertos en Derecho mercantil que han consultado en alguna ocasión el Código de Sáinz de Andino de 1829, y menos aún los procesalistas que alguna vez han podido leer la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855; lo que no entraña ninguna crítica, porque uno y otro texto, como tantos otros, son de localización muy difícil. Y es paradójico que en nuestro ISBN aparezcan diversas reediciones de las Leyes de Partida o de la Novísima Recopilación, pero ninguna, por ejemplo, de nuestro primer Código Penal, de 1822.
Desde el punto de vista de los textos legales, el español es hoy un ordenamiento carente de memoria histórica. Y este déficit es el que persigue cubrir esta publicación, ofreciendo una visión de la totalidad del ordenamiento histórico español a través de la transcripción íntegra de sus textos fundamentales, que alcanzan el notable número de 4249 disposiciones.
II
Conviene señalar algunas de las características formales de esta recopilación:
a) En el aspecto formal, se ha optado por reproducir en facsímil los textos correspondientes, extraídos de las publicaciones oficiales. Aparte de que la inmensa mayoría de los textos que se contienen en esta publicación no han sido jamás reproducidos en ediciones públicas ni privadas, los pocos que fueron objeto de ediciones separadas se encuentran plagados de errores mecanográficos y de omisiones notorias.
b) Los textos han sido extraídos de la Colección Legislativa de España (y de sus versiones precedentes: Decretos de las Cortes, Decretos del R.N.S. Fernando VII, Decretos de Isabel II y nuevamente Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes) hasta la extinción de dicha Colección al comienzo de la guerra civil de 1936-39; y, a partir de esta última fecha, del Boletín Oficial del Estado. Las versiones de los textos anteriores a 1936 publicadas en el Boletín o Gaceta de Madrid tuvieron que ser desechadas, por resultar difícilmente legibles dada la deficiente calidad del papel y el tamaño de la tipografía. Sólo de esta manera puede tenerse la seguridad de poder consultar textos auténticos, sin más errores que los que la propia edición oficial contuviera.
c) Acudir al facsímil de los textos oficialmente publicados tiene, no obstante, sus inconvenientes, ya que dichos textos se editaron en un papel de ínfima calidad, que con el tiempo ha generado transparencias entre el anverso y el reverso de cada página, con la consiguiente dificultad de lectura. Algo semejante ocurre con las páginas del Boletín Oficial del Estado de tiempos recientes, que aparecen digitalizadas en la página web de la Agencia con numerosas anotaciones manuscritas y subrayados; lo que dice bastante de la absoluta falta de civismo de las personas que consultaban la colección oficial y del desinterés de quienes la custodiaban. En nuestro descargo sólo puede decirse que no hay otros soportes auténticos a los que acudir.
III
En cuanto a su contenido material, esta publicación ha pretendido cubrir la totalidad del ordenamiento jurídico, clasificando las disposiciones en ocho libros:
I. Constitución (incluyendo el régimen de los derechos fundamentales). Los consultantes de esta base de datos echarán inmediatamente en falta el texto de la llamada Constitución de Bayona, de 1808, que, después de alguna vacilación, optamos por no incluir por razones de coherencia: no sólo por no terciar en la discusión teórica acerca de si dicho texto puede considerarse materialmente como una de las constituciones de nuestro Estado, sino sobre todo por el hecho de que no fue objeto de inserción, que sepamos, en ninguna edición oficial.
II. Organización constitucional, dividida a su vez en diez epígrafes: Jefatura del Estado, Cortes, Gobierno, Poder Judicial, Justicia constitucional, Tribunal de Cuentas, Partidos políticos, Sindicatos, Fuerzas Armadas y Sistema electoral.
III. Organización administrativa, subdividida en cinco epígrafes relativos a las Administraciones del Estado y autonómicas, entidades locales, Corporaciones de Derecho Público y conflictos jurisdiccionales.
IV. Derecho privado, que comprende nueve epígrafes: códigos, personas y sociedades, bienes, contratos, responsabilidad civil, régimen del notariado, legislación hipotecaria, derecho de la competencia y derecho concursal.
V. Derecho procesal y penal, comprensivo de los procesos civil y penal, legislación penal y régimen penitenciario.
VI. Legislación administrativa, de lejos el libro más extenso, que fue necesario subdividir en diecinueve epígrafes (actuación administrativa, bienes públicos, personal al servicio de los entes públicos, administración exterior, seguridad pública, educación, cultura, sanidad, servicios sociales, infraestructuras, urbanismo, medio ambiente, ordenación económica general, sistema financiero, sectores productivos, transporte, comunicaciones y actividades de ocio), cada uno de ellos subdividido a su vez en diversos epígrafes con objeto de facilitar la localización de las disposiciones que interesen.
VII. Hacienda Pública, con los epígrafes de legislación presupuestaria y de contabilidad, normas de organización, inspección y recaudación tributaria, revisión de actos tributarios y régimen sustantivo de los tributos.
VIII. Legislación laboral, dentro del que se encontrarán las normas laborales de alcance general, seguridad social, acción administrativa sobre las relaciones laborales y proceso laboral.
La clasificación de los textos dentro de cada uno de los epígrafes y subepígrafes ha ofrecido dificultades considerables: no sólo porque muchos textos tienen contenidos relevantes susceptibles de ser clasificados en lugares diversos (en cuyo caso hemos optado por reproducirlos en todos ellos), sino porque los criterios implícitos de clasificación que manejamos en nuestros días tienen, en muchos casos, muy poco que ver con los que se empleaban en la primera mitad del XIX. Y, aunque desde el punto de vista historiográfico constituya una pésima práctica, se ha decidido clasificar y ordenar los textos de acuerdo con los criterios de ordenación más comunes en nuestros días. Pedimos disculpas a quienes, sin duda con buenas razones, consideren que determinados textos han sufrido una clasificación muy distinta a la de sus preferencias científicas.
Por último, debe advertirse que esta publicación, a pesar de sus considerables dimensiones, no es ni pretende ser completa. Muchas personas echarán de menos, sin duda, la incorporación de algunos textos que juzguen fundamentales. Si así hubiera sido, no se debe a la inadvertencia. La selección de los textos no se ha hecho acudiendo a relaciones contenidas en estudios históricos monográficos, sino por el procedimiento de consultar, página a página, los centenares de tomos de la Colección Legislativa y del Boletín Oficial del Estado. Ninguna disposición ha sido pasada por alto, de manera que las omisiones en la selección se deben al estricto criterio personal del autor: reproducir todas no sólo hubiera sido imposible, cualquiera que fuese el soporte magnético utilizado; aparte de ello, la superabundancia de textos ofrecería un conjunto inmanejable, en el que los más importantes y notables podrían pasar desapercibidos.
IV
Con esta publicación, las Cortes Generales no sólo pretenden sumar un homenaje más a nuestro primer texto constitucional, del que el pasado año se cumplió su segundo centenario, sino también, implícitamente, a todas las personas y entidades que, en el pasado, abordaron tareas similares de recopilación en unas condiciones de trabajo absolutamente primitivas y en épocas ajenas a las actuales técnicas de digitalización.
Sin olvidar a Don León Medina y a Don Manuel Marañón, cuyas recopilaciones fueron obras de cabecera de todos los juristas españoles desde los años finales del siglo XIX hasta la guerra civil, es justo rendir homenaje a la obra magna de Don Marcelo Martínez Alcubilla, con su Diccionario de la Administración Española, y a Don Estanislao de Aranzadi, cuyos dos sucesivos Diccionarios asombran todavía hoy por su extensión y profundidad. Todas estas obras acumulan hoy tristemente polvo en espacios olvidados de las bibliotecas públicas, como ejemplo trágico de las palabras proféticas de Julius Hermann von Kirchmann. No son dignas de tal destino, y menos aún sus autores o promotores: no sólo evitaron que la pérdida de la memoria colectiva se hiciera irreversible, sino que son una muestra ejemplar de un trabajo tan ímprobo como poco reconocido socialmente. Queden, en su homenaje, las palabras del poeta: "Aunque hayan derribado sus estatuas/y estén proscritos sus templos/los dioses viven siempre".
Juan Alfonso Santamaría Pastor
Catedrático de Derecho Administrativo
Letrado de las Cortes Generales
